Comunidad cinematográfica internacional expresa preocupación por afectación a Ley de Cine en la reforma tributaria y envía carta al Ministro de Cultura






El pasado 15 de abril cuando se dio a conocer el borrador completo de la reforma tributaria conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, rápidamente se encendieron las alarmas en el sector audiovisual del país puesto que esta contempla derogar varios artículos que afectarían su modelo de autofinanciación existente desde hace 18 años y deja en manos del gobierno la destinación de una partida anual, ajustada con la inflación, bajo la figura de “Cuota para Desarrollo Cinematográfico”.

Modificar el fondo como lo plantea la nueva reforma, amenaza de base el FDC (Fondo para el Desarrollo Cinematográfico) administrado por la entidad mixta y sin ánimo de lucro Proimágenes. La reforma, tal cual como está presentada hoy en día, tiene otra serie de implicaciones de cara a las posibilidades laborales, de inversión y de seguir siendo atractivo de producciones internacionales que la misma y otras leyes complementarias han permitido ejecutar con resultados visibles y cuantificables.

El día de hoy se ha dado a conocer una carta enviada al Ministro de Cultura, Felipe Buitrago Restrepo, que ha sido firmada por más de 130 miembros de la comunidad internacional, entre festivales de cine (como los de Cannes, Venecia, San Sebastián), cineastas (como Patricio Guzmán, Apichatpong Weerasethakul, Laurent Cantet), productores (como Bianca Oana, Gema Juarez, Jacques Bidou), entre otros.

En la carta de “Apoyo al Cine Colombiano”, que ya también publican medios internacionales como Variety, los firmantes hacen un recuento de las virtudes que la Ley de Cine de 2003 tiene y lo que ha facilitado poder ser vistos en esferas internacionales, en comparación a la escasa participación que la cinematografía nacional tenía en estos espacios. “El cine colombiano existía antes de la ley de cine de 2003: esporádicamente los cinéfilos del mundo tenían el placer de descubrir las películas de Julio Luzardo, Marta Rodríguez, Francisco Norden, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Víctor Gaviria, Sergio Cabrera o Catalina Villar. Pero desde el 2003, el cine colombiano dejó de ser una cuestión de destinos más o menos individuales para volverse una aventura colectiva. La ley de cine de 2003 estableció un sistema virtuoso, en el que el desarrollo del cine nacional se retroalimenta de la dinámica de la taquilla. Gracias al cual también se protege el acceso a las pantallas de las obras más frágiles. Un sistema que no solo contempla la producción sino también la distribución, la promoción y la cooperación internacional, la formación y la investigación. Un sistema estable, transparente, previsible, con la flexibilidad de gestión suficiente como para adaptarse a las evoluciones del sector. Un verdadero modelo que inspiró políticas públicas en otros países de América Latina y más allá”.

La voz de protesta también establece una petición clara: “El apoyo del Estado colombiano es y será indispensable para permitir que el cine colombiano salga de la crisis que golpea el mundo de la cultura. Y es por esta misma razón, que solicitamos al Gobierno y al Congreso de la República de Colombia reconsiderar los aspectos relativos a la financiación del cine en su proyecto de reforma tributaria, y garantizar la existencia de un modelo que ha demostrado logros indiscutibles desde la ley de 2003″.

La Academia Colombiana de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha estado liderando acciones y facilitando mesas de diálogo y trabajo sin precedentes, en la que participan más de 40 gremios de todo el país con la finalidad de defender el modelo que se tiene y ha mostrado ser eficiente. Respecto al importante y vital apoyo que hoy se recibe de la comunidad internacional la Academia ha comentado a CineVista a través de su directora ejecutiva María Fernanda Céspedes que: “Creemos que los logros del cine colombiano no son un asunto de unos pocos, es también un proceso que ha trascendido nuestras fronteras y recibir esta carta nos confirma que el camino del cine colombiano gracias a las leyes que deseamos proteger, necesita continuar expandiendo nuestras historia para las audiencias locales e internacionales. Por su puesto agradecemos a la comunidad mundial del cine por este respaldo a un proceso que a todas luces es necesario sostener en su funcionamiento”.

En la actualidad trabajan en un documento que recoja las peticiones al gobierno nacional y socializan las implicaciones de estos cambios con senadores. Precisamente en el día de ayer, la designada por el sector, la actriz Alejandra Borrero, participó del debate de control político al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que se llevó a cabo en la Comisión Cuarta del Senado. 

La carta de la comunidad cinematográfica internacional.

Contexto

En 2003 se firmó la llamada Ley de Cine, la ley 814, creada para facilitar la producción de películas en el país y empujar con ello, de manera gradual, la sostenibilidad de una industria. Para lograrlo estableció una cuota parafiscal pagada por exhibidores, distribuidores y productores por la exhibición de obras cinematográficas, que se retornan a la misma industria a través de estímulos para los realizadores, guionistas, productores, etc., además de generar otros mecanismos como deducciones a los impuestos para quienes exhiban cortometrajes, donen o inviertan en proyectos cinematográficos colombianos.

El proyecto de reforma tributaria contempla derogar los artículos que permiten recaudar, a través de la taquilla de cine, ese parafiscal, es decir, eliminar su autofinanciamiento. En el borrador se lee: “El Título II Otros mecanismos de inversión y gasto social del Libro II Fortalecimiento y focalización del gasto social, rige a partir de la promulgación de la presente ley, salvo las disposiciones con vigencias especiales que se regirán por lo dispuesto en los correspondientes artículos, y deroga a partir del 1 de enero de 2024 los artículos 5, 6, 7, 8, los numerales 1 y 6 del artículo 10, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 814 de 2003, y las demás disposiciones que resulten contrarias”.

Hasta el momento el gobierno nacional no ha especificado con qué recursos destinaría la partida anual de su presupuesto para asignarlo al audiovisual, teniendo en cuenta, además, que ha indicado estar desfinanciado. El artículo 31 de la reforma tributaria, entonces redefine un “Apoyo a la Cultura” así: “Con el fin de apoyar los objetivos de Ley 814 de 2003 y la Ley 397 de 1997, a partir del 2024, los recursos que se le asignen al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el presupuesto nacional no podrán ser inferiores a la suma que se recaudó en la vigencia fiscal 2019 por concepto de la contribución parafiscal denominada “Cuota para Desarrollo Cinematográfico”. Dicha suma será ajustada anualmente con la inflación”.  Desde la promulgación de la Ley 814 de 2003 se dejó consignado la asignación de recursos del presupuesto nacional anual al sector audiovisual, cosa que por primera vez ocurrió este año con una partida de 5 mil millones de pesos dado los efectos provocados por la pandemia ante los cierres de las salas de cine. 

Borrador de la Reforma Tributaria


 


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